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9 de noviembre de 2016

Citación a la DGE, al Colegio Nuestra Señora de la Merced y al Centro de Atención a Víctimas de Delitos a Comisión de Educación

Con el fin de analizar la situación del alumno de 8 años a quien el Colegio Nuestra Señora de la Merced le negó su matriculación para el 2017, la Cámara de Senadores aprobó el martes por unanimidad la resolución presentada por el senador Gustavo Arenas (FPV) para convocar a la próxima reunión de la Comisión de Educación a las autoridades de esa escuela de Maipú, a la Dirección de Educación Privada de la Dirección General de Escuelas (DGE) de la Provincia y a los responsables del Centro de Atención a Víctimas de Delitos (CAVD).

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Fue en el transcurso de la sesión de ayer de la Cámara Alta, la cual fue presenciada con suma atención por la madre del niño, Carina Pérez. De esta manera, los citados deberán aclarar en el Senado si se resolvió adecuadamente la situación en la cual el establecimiento educativo le negó al niño una vacante para el año próximo por verse afectado su desempeño escolar como consecuencia de padecer un estrés postraumático debido al asesinato de su padre en un asalto en enero pasado. 

El pedido del legislador justicialista apunta además a que se establezcan criterios para contemplar situaciones futuras y evitar que se repitan hechos similares, en el marco de lo establecido por la Ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la desprotección por parte del Estado provincial a la que se ven sometidos el niño y su familia mientras atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad emocional como es perder violentamente a la figura paterna y, con eso, ver condicionadas sus vidas para siempre. 

El inesperado desenlace de esta desgraciada situación fue denunciado por Pérez (madre de Thiago) luego de recibir una carta documento –fechada el 24 de octubre pasado– mediante la cual el Colegio Nuestra Señora de la Merced le notificó que para el ciclo lectivo 2017 no dispone de vacantes en tercer grado para su hijo, quien cursa ahí desde el Nivel Inicial.

El motivo de esta decisión –según explicaron las autoridades educativas– fue que “la institución ejerció el derecho de admisión de acuerdo con la normativa vigente después de agotar todas las instancias” frente al hecho de que el estudiante, después de la muerte de su progenitor, no terminaba las pruebas, no copiaba algunas tareas y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

Pérez también indicó al respecto que el niño, a pesar de que cursó primer grado el año pasado y obtuvo 10 en casi todas las materias, no fue contenido por las autoridades escolares.

Por su parte, la Dirección de Educación Privada de la DGE justificó la decisión argumentando que la institución consideró agotadas todas las instancias y no cuenta con los recursos para seguir trabajando adecuadamente, porque la familia y el niño necesitan un acompañamiento que no puede dar. Incluso, ese organismo aclaró que la escuela notificó a la madre con el tiempo suficiente como para que pueda encontrar banco en otro establecimiento.

Mientras tanto, el CAVD –dependiente del Ministerio de Seguridad– debe intervenir por ser su objetivo brindarle asistencia integral a la víctima de un delito y a su entorno familiar, ya que las acciones que debe cumplir por ley son contenerlos y ayudarlos para que reciban la atención jurídica, psicológica y social correspondiente. Esto, a través de un equipo interdisciplinario que procure evitar nuevas situaciones de conflicto o revictimizar a quienes recurren por su ayuda.

Nota de redacción: Se omite el nombre completo del niño involucrado para proteger sus derechos.

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