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Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) sobre Venezuela, declaramos lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que desde el pasado 6 de diciembre de 2015, como se hace constar en nuestra Declaración del 22 de diciembre siguiente, se inicia una escalada judicial orientada al desconocimiento de la elección de diputados realizada en esa fecha y con el objeto de hacer menguar la mayoría calificada que obtiene la oposición democrática en la conformación de la nueva Asamblea Nacional;

2. Que lo anterior da lugar a una advertencia por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en cuanto a que, el desconocimiento de la soberanía popular expresada mediante el voto atenta contra la democracia; a cuyo efecto ofrecimos nuestro concurso, en Declaración de 20 de enero de 2016, para que a través de buenos oficios pueda promoverse un diálogo orientado a resolver esa delicada cuestión;

3. Que en nuestra Declaración del 5 de marzo de 2016, expresamos nuestra preocupación por el desconocimiento progresivo de la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional, mediante actos del Tribunal Supremo de Justicia que, de manera contraria a lo dispuesto por la Constitución, además de buscar alterar la mayoría parlamentaria opositora desconociendo la proclamación de diputados, autoriza el ejercicio de un régimen de excepción constitucional por parte del Presidente de la República en contravención a la negativa expresada por el órgano parlamentario y cercena las competencias del mismo en cuanto a sus funciones de control y legislación;

4. Que el 13 de mayo de 2016 tomamos nota de la declaratoria de la Asamblea Nacional de Venezuela denunciando la ruptura del orden constitucional y democrático, consistente en el gobierno por decreto, el militantismo político de la Justicia, la negativa oficial a un diálogo sincero, no manipulado, para superar la grave crisis humanitaria que sufre la nación, y pidiéndose del Consejo Nacional Electoral respetar y asegurar las condiciones para que el pueblo, mediante el voto y en referendo revocatorio del mandato presidencial – previsto como derecho en la Constitución – decida el presente año sobre su futuro y la superación de la crisis humanitaria que lo afecta gravemente;

5. Que el 31 de mayo, al demandar del gobierno de Venezuela la liberación de los presos políticos y el avance hacia un diálogo fundado en la verdad y la justicia, instamos al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que analice el informe que le presentara su Secretario General, Luis Almagro, sobre las alteraciones graves al ordenamiento constitucional y democrático ocurridas, expresándole a éste nuestro decidido respaldo;

6. Que en Declaración que adoptásemos el pasado 1ro. de agosto hicimos constar el acoso judicial, militar y policial contra diputados integrantes de la Asamblea Nacional con manifiesto irrespeto de la inmunidad que los protege y denunciamos las acciones del oficialismo, tendentes a desconocer a la Mesa de la Unidad Democrática y con ello frenar la decisión popular de ir a las urnas para ejercer el derecho constitucional de revocar el mandato del Presidente de la República;

ACORDAMOS

1. Expresar nuestra grave preocupación por las acciones del gobierno de Nicolás Maduro Moros denunciadas en los acuerdos de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de los días 13 y 23 de octubre pasado, mediante los que se desconocen “los actos del Poder Ejecutivo y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales” y se declara “la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado”; ello, ante la decisión coludida del Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y jueces penales subalternos, de suspender el ejercicio de la voluntad popular mediante el voto, sea acudiendo al referendo revocatorio del Presidente de la República, sea para la elección de los gobernadores de Estado, previstos a celebrarse el presente año.

2. Que, en virtud de lo anterior, cristaliza un grave atentado contra la democracia y ocurre la pérdida de legitimidad de origen del régimen imperante en Venezuela, según el tenor de la Carta Democrática Interamericana y demás cláusulas democráticas contempladas en los tratados internacionales en vigor.

3. Instar a la Organización de los Estados Americanos y a los gobiernos de sus Estados miembros, a que pongan en marcha los mecanismos de protección de la democracia contemplados en la normativa que rige a la mencionada institución.

4. Saludar la iniciativa de diálogo de la Santa Sede, en tanto y en cuando dicho proceso implique el previo acatamiento por el gobierno de Venezuela del orden constitucional en vigor, el cese de las prisiones para sus adversarios, su respeto cabal de los derechos políticos, y la reversión de los actos orientados a impedir la manifestación de la fuente natural y primaria de la misma democracia, a saber, la soberanía popular a través del voto.

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Belisario Betancur, Colombia

Armando Calderón Sol, El Salvador

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

José María Figueres O., Costa Rica

Vicente Fox, México

Felipe González, España

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Luis Alberto Monge, Costa Rica

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Sebastián Piñera, Chile

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Alejandro Toledo, Perú

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Álvaro Uribe Vélez, Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay