La decisión del Presidente Mauricio Macri de anunciar la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras metalíferas y no metalíferas es desafortunada, cuando no improvisada. Escribe el Dr. Diego Seoane.

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En la última década, el debate en torno a la explotación minera en nuestro país y el respeto por el medio ambiente atravesó la agenda pública de los argentinos, en particular en las provincias pasibles de aquella actividad, pero en las que el consenso y la licencia social se expresan, clara y numerosamente, a favor de otras opciones económicas; la defensa del agua; y el irrestricto cuidado y protección de nuestro hábitat.
Para historizar de manera breve, la decisión del kirchnerismo fue clara: potenciar y fortalecer lo que se pudiera el desarrollo de la minería en Argentina, recurriendo tanto al ataque verborrágico contra los denominados “ambientalistas”, como a la concreta represión física, con casos trágicamente recordados como los de Famatina.
Pese a este ejercicio violento, el éxito K fue relativo, no pudiendo desarrollar la actividad de manera plena, encontrando una fuerte resistencia (incluso de sectores aliados) y teniendo que suspender algunos intentos como los casos de San Jorge y de Hierro Indio en Mendoza. 
En todo este periodo, los emprendimientos mineros que pudieron avanzar tributaron retenciones exiguas, pero que mínimamente implicaban un retorno escueto, a las arcas del Estado.
La decisión anunciada por Macri en la provincia de San Juan implica un nuevo round en esta confrontación que es transversal a alineamientos y coyunturas políticas circunstanciales; y que da pistas del enfrentamiento que subyace: la búsqueda de máxima rentabilidad por encima de todo aspecto social frente a la priorización del ser humano y el medio ambiente por sobre el lucro, lo cual no implica negar la minería, sino que exige que ésta sea una práctica no contaminante, con acuerdo social, y que redistribuya una porción importante de sus ganancias en las regiones que se desarrolla.
Estos simples argumentos nos distancian de la eliminación de las retenciones a la minería en forma lisa y llana, ya que entendemos que implica un claro impulso a la actividad sin exigir los cuidados mínimos para no dañar otros recursos naturales, y que esta promoción se da permitiendo que los capitales privados que incursionen en la actividad puedan concentrar y retener sus ganancias privando a las provincias y el país de fondos que le deberían corresponder y se podrían aplicar a distintas políticas de Estado en beneficio general, como en intensificar controles mineros en particular.
Dijimos que consideramos la decisión desafortunada o improvisada, y esta valoración surge de analizar algunas situaciones. 

1) Las declaraciones oficiales que justifican que esta decisión beneficiará el crecimiento inclusivo de las provincias que den el visto bueno para estas explotaciones. Sobre esto, no nos terminamos de explicar cómo aparecerá este beneficio si el Estado, ente universalizador por excelencia, deja de contar con esos recursos, que como también dijeron, van directamente a las arcas de los empresarios. 
2) La circulación de otras declaraciones oficiales, como las del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que asegura que Argentina atraviesa una crítica situación fiscal (lo cual es irrefutable), situación que consideramos podría enfrentarse, en buena parte, manteniendo estas retenciones.
3) Cierto desconocimiento de las particularidades regionales, situación que constituye un punto central para construir nuestra posición. En estos días, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, afirmó: “La minería es a Cuyo, el NOA y la Patagonia, lo que la agricultura y ganadería es para la Pampa Húmeda”. Es fácilmente identificable lo erróneo de este concepto simplemente por la tradición vitivinícola y fruti hortícola de provincias como Mendoza y San Juan (y su escasez hídrica); más el crecimiento del turismo en esta región.
Por último queremos referirnos a lo inoportuno del momento y el lugar del anuncio: publicitar el fomento minero en la Provincia en donde hace 6 meses se produjo el mayor accidente con cianuro aplicado a la minería del que se tenga memoria en nuestro país, con la contaminación de los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, lo cual fue acreditado por la división Delitos Ambientales de la Policía Federal, constituye una mala medición de los criterios básicos para acordar políticas generales que hagan al crecimiento pleno e inclusivo de todas las regiones argentina; sobre todo a la luz de iniciativas como las del “Monitoreo Parlamentario Ambiental en el Oeste Argentino” que tendrá sede en Mendoza y subsedes en Jujuy, La Rioja y Chubut, y que emergieron como fruto del tenaz esfuerzo de aquellos que han defendido de manera intransigente nuestros sistemas hídricos.

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