Se trata de deudas que la empresa tiene con el Gobierno y diversos organismos públicos de Mendoza. La Justicia admitió una deuda de casi 461 millones de pesos.

El presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Javier Montoro, explicó que la importancia de la sentencia judicial radica en que reconoce y ratifica irregularidades de OSMSA planteadas por el ente regulador al Poder Concedente, en agosto del 2009, al aconsejarle la intervención administrativa de la empresa prestadora.

En aquella oportunidad EPAS denunció multas, impuestos, créditos y canon de la concesión impagos, así como falta de inversión en obras.

Posteriormente la auditoría general a la empresa encargada a la Universidad Nacional de Cuyo por el Poder Ejecutivo provincial, ratificó lo fundado por EPAS e incorporó nuevos temas como la obsolescencia de bienes y el daño ambiental colectivo.

Estos temas, entre otros, constituyeron finalmente los fundamentos sobre los que el ente regulador aconsejó al Poder Concedente la rescisión del Contrato “por culpa del Concesionario”.

Luego de la quita de la concesión, en setiembre de 2010, Obras Sanitarias Mendoza SA inició su proceso de liquidación, presentándose en concurso preventivo de acreedores en junio de 2013 ante el 3º Juzgado Concursal de la 1º Circunscripción Judicial (Exp. Nº 1.016.944).

Se presentaron como acreedores el Poder Ejecutivo Provincial, la Administración Tributaria Mendoza, el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento, la Administración de Parques y Zoológicos y Aysam SAPEM, entre otros.

Con anterioridad al concurso preventivo, OSM había realizado su balance final de liquidación y había reconocido las deudas que mantenía con esos organismos, aunque las “compensó” con deudas que la Provincia tenía con ella.

Este reconocimiento de deudas realizado por la empresa se constituyó en el argumento principal con que el juez concursal Masanés, desde un órgano independiente del Poder Ejecutivo, declaró admisibles los créditos de las instancias gubernamentales mencionadas y que alcanzan los 461 millones de pesos.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo Nacional debe, según sentencia del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), pagarle a Saur Internacional un resarcimiento por la quita de la concesión en Mendoza.

Por este motivo, y dado que el monto reconocido por el juez Masanés es similar a dicho resarcimiento, Javier Montoro explicó que toda la documentación y antecedentes del juicio concursal han sido enviados a la Procuraduría del Tesoro de la Nación.

Detalle de parte de las deudas declaradas admisibles

Poder Ejecutivo Provincial: $ 357.680.579,33.- (Multa por rescisión de contrato, pagos al ENOHSA estipulados en 2º Carta de Entendimiento, Canon, obsolescencia de bienes afectados al servicio, inversiones no realizadas y daño ambiental colectivo)

ATM: $ 84.305.275,82.- (Impuestos Inmobiliario y Automotor, Multas y otros)

EPAS: $ 5.787.296,48.- (Tasa de Inspección y Control 2004, 2005, 2006 y 2007; Multas)

Parques y Zoológicos: $ 18.382,73.-

Aysam: $ 12.717.753,04.-

Otros acreedores

AFIP, Edemsa, proveedores varios, municipios, empresas de telefonía, etc.

Fuente: Ministerio de Infraestructura

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