La justicia federal mendocina dictó la primera sentencia condenatoria por trata laboral en la provincia a un empresario vinculado a la actividad agraria, por mantener en condiciones deplorables a más de 15 trabajadores rurales migrantes de Tucumán y dejarlos abandonados en una finca.

El  director general del Renatea, Guillermo Martini, sostuvo que “trabajamos con compromiso para lograr la plena y efectiva vigencia de los derechos de los trabajadores rurales del país, garantizando procesos de inclusión e igualdad y poniendo especial énfasis en las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores migrantes”.   La audiencia del debate oral y público que estaba prevista quedó suspendida cerca del mediodía cuando se notificó a los testigos y víctimas que el empresario mendocino  imputado, Raúl Comeglio, reconoció su responsabilidad penal, por sugerencia de su defensa, ante la contundencia  de las pruebas aportadas. Esto tuvo como consecuencia el dictado de sentencia condenatoria, con pena reducida, de cumplimiento efectivo. Así, el imputado fue condenado a cuatro años de prisión más costas.   Hasta ahora, con el caso de Marita Verón se pudo conocer masivamente el fenómeno del tráfico y explotación de personas en lo que hace a la modalidad de explotación sexual, pero a partir del caso Nidera se conoció también lo que ocurría con una situación naturalizada muchas veces: la trata y explotación laboral en zonas rurales.   El Renatea indicó que este fallo resulta un hito histórico en la provincia, que tuvo gran repercusión en el escenario local y generó un fuerte apoyo de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos.    El Caso   En mayo de 2012 se descubrió en una finca del departamento de Rivadavia a más de quince trabajadores rurales, entre ellos mujeres y niños de origen tucumano, quienes estaban abandonados a su suerte desde hacía varios días, luego de haber sido engañados para trabajar en labores de cosecha.    Esto motivó un operativo en el que intervinieron distintas dependencias provinciales, como la Subsecretaría de Trabajo y la Dirección de Protección de Derechos Humanos de Mendoza, desde donde se denunció la situación para que la Justicia Federal investigara. Luego se implementó una fase de restitución de derechos de las víctimas entre la Dirección de Derechos Humanos y el Renatea de la Delegación Mendoza.   Asimismo, desde ambas dependencias estatales se articuló con la Fundación María de los Ángeles con sede en Tucumán, que brindó asistencia psicológica, social y jurídica gratuita a las trabajadoras que decidieron el retorno a su provincia. Esto concitó la atención y el apoyo de la presidenta de la Fundación, Susana Trimarco.

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