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POLITICA

10 de junio de 2013

El Senador Gustavo Cairo pide una norma específica que proteja a los docentes

Ellegislador del PRO presentó un Proyecto de Ley donde pide se deje sin efecto la resolución N° 0445 de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza por la que se aprueba la “Política provincial de convivencia escolar” y todos sus anexos. Se restituya la plena vigencia de la resolución N° 604/2002 de la Dirección General de Escuelas que establece el “Régimen de Convivencia y Disciplina” para los establecimientos educativos de la Provincia.

Son de público y notorio conocimiento diversos actos de agresión sufridos por docentes de distintos establecimientos educativos de la Provincia de parte de alumnos y aún de padres de estos.   Actualmente no sólo no existe una norma específica que proteja a los docentes que se encuentran al frente de cursos en los establecimientos educativos de la Provincia de la violencia física o verbal que puedan ejercer los alumnos, sino que la Resolución N ° 0445 de la Dirección General de Escuelas por la que se aprueba la llamada “Política Provincial de Convivencia Escolar”, en nada contribuye a solucionar la situación.     Al respecto Cairo explico que “los directivos de los establecimientos públicos y privados de la Provincia de Mendoza están obligados a velar por la integridad física de los docentes que se desempeñen en los mismos. Sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y contravencionales que pudieren corresponder a los agresores, deberán sancionar con la expulsión del establecimiento a los alumnos que de cualquier forma agredan físicamente a los docentes”.     también se debería “en el caso de agresiones a los docentes por parte de familiares de los alumnos, los directivos estarán obligados a comunicar la situación de inmediato a la Dirección General de Escuelas quien deberá tomar las medidas conducentes a preservar la integridad física y moral del docente”, expresó el legislador Resulta difícil comprender como una falta extremadamente grave como podría ser acciones riesgosas para la integridad física de los docentes, llevan aparejadas para el alumno agresor la pérdida de 10 o 12 puntos del ICE que además pueden ser recuperados.   Entendemos que este sistema atenta no sólo contra la seguridad e integridad de los docentes y personal educativo, sino también contra los propios educandos que comienzan a vislumbrar al sistema educativo en general y su establecimiento educativo en particular como un lugar donde reina la ausencia de normas claras y no existe límites razonables a las conductas irracionales.   Lo expuesto se aplica también a las agresiones que pudieren sufrir los docentes de parte de los padres y/o familiares de alumnos, en cuyo caso será la Dirección General de Escuelas de la Provincia quien deba encargarse de velar por la integridad del cuerpo docente ejerciendo las acciones conducentes a dicho fin.   Fuente: Prensa Gustavo Cairo

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