Casi 4 de cada 5 consultados por cronica.com.ar se expresó de acuerdo. Sin embargo, el defensor del Pueblo bonaerense se expresó en contra de la medida. 

Un relevamiento realizado entre el lunes y el martes por nosotros, arrojó un 79% de apoyo al proyecto del gobierno nacional de establecer un régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad, en tanto que el 21% restante se pronunció en contra. A todo esto, el defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos aires, Walter Martello, anticipó este martes su rechazo por considerar que "establecer la punibilidad por debajo de los 16 años constituye una medida regresiva, violatoria de los derechos humanos e ineficaz" en materia de política criminal.

"Ninguna cifra oficial sostiene bajar la edad de imputabilidad", aseguró Martello y destacó que "el reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes ya no es un error conceptual sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho".

Por el contrario, el diputado nacional Daniel Lipovetzky (Cambiemos), aseguró que el proyecto de ley en cuestión "no sólo propone bajar la edad de imputabilidad sino regular todo lo atinente a la atención y seguimiento del Estado de un menor que está siendo juzgado por la comisión de un delito".

 

Agregó que "la discusión va más allá de la edad de imputabilidad" aunque, consideró que, a su juicio, "para los delitos graves la edad debería ser 14 años, más acorde a la legislación comparada. Recordemos que la edad promedio en el mundo es de 12 años aproximadamente".

La iniciativa que el gobierno enviaría al Congreso en sesiones extraordinarias, según anunció el último lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y, entre otras cuestiones, contempla la baja de la edad de imputabilidad a 15 años.

 

"El proyecto reemplaza a un decreto ley del genocida (Rafael) Videla, modificado por (Reinaldo) Bignone y que fue mantenido por todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura cívico militar, y que claramente requería una actualización acorde al paso del tiempo y a una visión democrática de la temática", enfatizó Lipovetzky, titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja.

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