Así lo afirmaron las autoridades de la repartición en la presentación del plan para la prevención y la lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, junto a representantes de Migraciones, la Secretaria de Gobierno de Trabajo y Empleo, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, presentaron el documento Fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas en Mendoza. Estos organismos participan del grupo de trabajo interinstitucional para la prevención y la lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.

La presentación se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial, con la presencia Gladys Cardone, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Participaron además Luz Amanda Faingold, directora de Derechos Humanos de la Provincia; Carlos Segura, subsecretario de Trabajo, y Hugo Ávila, del Ministerio de Seguridad. Asistieron también referentes de la  Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Capital y de la Fiscalía Federal Nº1.

Durante la presentación del documento Fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas en Mendoza, la Dirección de Derechos Humanos (DDDHH) expuso sobre la tarea desarrollada por su equipo. Informaron que asistieron a  25 víctimas de explotación sexual o laboral en 2018.

De esos casos, 19 personas sufrían de forma directa la explotación, que afectaba también a los niños o personas mayores de cada grupo familiar.

El 64% de las víctimas son mujeres, de las cuales 66% sufrieron explotación sexual. Todas las mujeres víctimas tenían a cargo de hijos menores de edad y, en algunos casos, con discapacidad.

Mendoza, punto focal contra la trata

Constituida como un punto focal, la DDDHH actúa mediante un protocolo para  la intervención y posterior derivación de las víctimas al Equipo de Rescate Nacional. El organismo local asiste a la persona en el momento del allanamiento y, luego, siempre requiriendo su expreso consentimiento, se la acompaña para que realice una declaración ante  el Juzgado Federal.

En cada caso, el equipo de la  DDDHH evalúa  cuáles son la necesidades más urgentes de las personas rescatadas y articula  con otros organismos para resolverlas. Según el caso, se actualiza la documentación y se solicitan turnos en efectores de salud y salud mental, red de apoyo familiar o vínculos significativos. Además, también realiza gestiones parea que la persona reciba tratamiento terapéutico, asesoramiento legal, ayuda económica, alimentos y vivienda, entre otros apoyos.

En primera instancia, se facilita la georreferenciación, considerando que el municipio es un espacio accesible para la persona, principalmente por la distancia y recursos con los que cuenta el efector.

“Desde el espacio provincial se están agilizando los canales de comunicación para contar con mayor accesibilidad a recursos económicos con el fin de gestionar ayudas directas para las víctimas. De esta forma, se puede contar con un tiempo prudencial en el cual la persona puede disponer de un recurso adecuado, según sus necesidades por un período en el cual se reafirma en el proceso de reinserción”, destacó en su exposición la titular de DDHH, Luz Faingold.

Por una Mendoza libre de trata

Durante la presentación del documento, las y los expositores compartieron datos registrados en diferentes instancias y se presentaron propuestas para mejorar la efectividad en la prevención y disminución de casos de trata, protección y asistencia a las víctimas.

Estas acciones se realizan con el objetivo de fortalecer una política integral, interjurisdiccional, sistemática y articulada para prevenir y combatir la trata de personas y asistir y proteger a las víctimas, a nivel provincial, nacional y municipal.

Las y los expositores destacaron la importancia de contar con una normativa adecuada a nivel provincial y nacional; mayor articulación pública interinstitucional; suficientes mecanismos institucionales y recursos públicos para la asistencia y protección de las víctimas. Además aportar capacitación permanente para los actores públicos y sociales frente a la naturalización del flagelo de la trata; desarrollar acciones de sensibilización, difusión y formación de la sociedad que permita revertir un enfoque cultural inadecuado y la naturalización del delito, entre otros objetivos.

Además, se propuso la creación de un comité de coordinación para la prevención y lucha contra la trata y para la protección y asistencia a las víctimas, como organismo de coordinación, planificación y seguimiento  interjurisdiccional de las acciones de prevención y lucha contra la trata y de la asistencia y protección a las víctimas.

Este comité funcionará en la órbita de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes de la Provincia,  y estará compuesto por representantes de los tres poderes del Estado provincial y de los municipios. Los organismos nacionales e internacionales serán invitados a participar.

En cuanto a la prevención y asistencia, se propone elaborar un registro provincial de datos, promover la producción y difusión de conocimiento sobre la problemática y fomentar la investigación científica para la solución de los distintos aspectos de la problemática de la trata, entre otros objetivos.

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