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21/11/2020

Soledad Deza consideró que los proyectos del Gobierno y de la Campaña "están en línea"

"Que sea presentado por el Presidente marca una diferencia, es una respuesta a tantos años de lucha feminista", aseguró la abogada, presidenta del colectivo MujeresXMujeres de Tucumán. En qué coinciden y en qué se diferencian las iniciativas.


"También menciona la autonomía progresiva", algo que fue muy cuestionado en el último debate, pero aquí "deja claro que el derecho del adolescente (de entre 13 y 16 años) para decidir ante un tratamiento médico no invasivo está regulado por el Código Civil y Comercial desde 2015", afirmó Deza, que también es profesora de Feminismos Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

Asimismo, resaltó que, de aprobarse, la normativa "pone el derecho a abortar en términos de relación sanitaria o de consulta de salud, lo que remite a la Ley 26.529 (Derechos del paciente), es decir, asegura confidencialidad, trato digno, intimidad, respeto por la autonomía de la voluntad, a tener respuesta clara, completa y basada en evidencia científica".

El artículo 5 inciso F del proyecto que fue presentado el pasado martes establece que "el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad (…)".

"Este punto es muy valioso porque desarticula prácticas médicas como el legrado ya que establece como referencia las indicaciones de la OMS que, desde hace tiempo, indica como método recomendado el aborto farmacológico", sentenció Deza.

En ambos proyectos se establece una pena que puede ir desde los tres meses hasta el año de prisión para aquel profesional de la salud que "dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto", sanción a la que se le agrega una "inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena", remarcó la letrada.


Las diferencias
El documento presentado por el Gobierno propone la objeción de conciencia, una figura que no estaba contemplada en el proyecto anterior, pero según esta abogada "lo importante es que esté limitada".

"La regulación prevé que sólo puede ejercerla el que va a realizar la práctica y que tiene que ser consecuente con sus objeciones tanto en el ámbito público como en el privado; además deja explícito que la atención post aborto no puede objetarse, así como tampoco se puede hacerlo en situaciones de urgencia o de riesgo de vida", precisó la especialista.

Otra diferencia entre ambos proyectos tiene que ver con la cantidad de tiempo que tienen como máximo los profesionales para llevar a cabo la interrupción del embarazo, ya que el presentado por la Campaña pone el tope de 5 días, mientras que el del Gobierno establece como límite 10 días.

La nueva iniciativa además "baja la pena de la mujer que aborta fuera de las causales permitidas. Antes podía enfrentar una pena de entre 1 y 4 años de cárcel, sentencia que debe ser efectiva y ahora se establece una pena que va desde el mes hasta el año, pero contempla circunstancias excusables", detalló la abogada.

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