La medida alcanza aproximadamente a 2,5% de las parcelas de Mendoza. Engloba a las propiedades de mayor avalúo fiscal y a las destinadas a estaciones de servicios, bancos, supermercados, centros comerciales, refinerías y otras. Con esta medida se busca que el impuesto inmobiliario sea más equitativo.

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La Administración Tributaria de Mendoza (ATM) informó que está vigente el Régimen de Autodeclaración de Valuación de Inmuebles, aprobado por la Legislatura de la Provincia a través de la sanción de la ley de Avalúos 2018 (9021).

Este régimen se enmarca en el Consenso Fiscal firmado el año pasado entre la Nación y 23 provincias con el objeto de implementar una fuerte baja de los impuestos de Sellos y sobre los Ingresos Brutos, que son los más distorsivos e inequitativos, puesto que se cobran a todos los contribuyentes por igual, independientemente de su capacidad económica.

Otras jurisdicciones optaron por efectuar un fuerte revalúo del total de sus propiedades. Mendoza, en cambio, decidió un camino progresivo, comenzando por aquellos sujetos que posean inmuebles de mayor valor. Por eso, para este año la medida sólo alcanza aproximadamente a menos del 2,5% del total de las parcelas.

 ¿De qué se trata?

Es un régimen especial para la valuación de ciertas propiedades que, en razón de sus características especiales, deberán tributar en relación con su verdadero valor.

El sistema se inició en 2016 y ha ido progresivamente incorporando a más contribuyentes. En 2017, la medida se limitó a bancos, estaciones de servicio, cementerios privados, supermercados y centros comerciales (shoppings). Para este año se agregaron los inmuebles de mayor valor de mercado: según estimaciones de ATM, se trata de propiedades que parten de $5 millones.

Los alcanzados deberán declarar el valor estimado de mercado, y sólo si la ATM lo solicita, deberá aportar elementos que sustenten su declaración.

¿Se requiere contratar a un profesional para la tasación?

En ningún caso es indispensable tener una tasación, sino que, en caso de requerirlo ATM, podrá aportarse cualquier elemento objetivo que justifique el monto declarado. Por ejemplo, balances contables, pólizas de seguro, publicaciones de venta de inmuebles de similares características, etc. A partir de los valores informados, y en caso de que haya diferencias, se recalculará el impuesto inmobiliario anual para esas propiedades.

Si ATM no lo solicita, no será necesario aportar ninguna documentación.

¿A quiénes alcanza?

Están obligados todos aquellos sujetos que sean responsables del pago del Impuesto Inmobiliario de estaciones de servicios, bancos, entidades financieras, de seguro o cambiarias; locales comerciales con superficie igual o superior a mil metros cuadrados, cementerios privados; conjuntos inmobiliarios registrados como tales, inmuebles que hubieran sido incorporados al Sinceramiento Fiscal, y todas aquellas propiedades cuyo avalúo fiscal para 2018 sea igual o mayor a $2 millones, o cuyo valor de mercado estimado sea igual o superior a $15 millones.

También están alcanzadas las demás propiedades que, por sus características, hubieran sido incluidas especialmente, y se hubiera notificado a sus titulares.

¿Cómo y cuándo cumplir?

Hay tiempo hasta el 31 de mayo para presentar la Declaración Jurada a través de la oficina virtual de la ATM. El sistema es muy sencillo. Sólo se requiere ingresar a través de la clave personal, sin necesidad de asesoramiento especial o profesional. El obligado a hacerlo que no cumpla con la Declaración Jurada sufrirá una multa de hasta $45.000.

Se trata de un procedimiento sencillo, digital, que se orienta a que el sistema tributario provincial sea más justo, al lograr que los contribuyentes de mayor capacidad contributiva soporten similar carga económica por el Impuesto Inmobiliario en relación con el valor real de sus propiedades.

En números

De las 675.000 parcelas que existen en toda la provincia, 82% paga menos de $5.000 anuales.

  • 26% pagan menos de $500 de Impuesto Inmobiliario al año.
  • 16% pagan entre $500 y $1.000 anuales.
  • 40% pagan entre $1.000 y $5.000 anuales.

Sólo 2,5% de las parcelas, aproximadamente, debe autodeclarar.

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