Con la firma del decreto, entró en vigencia el Fopietzad para financiar obras que eviten situaciones de riesgo de abastecimiento del sistema regional de transporte eléctrico.

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El Gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, aprobó por decreto el contrato y la transferencia del monto inicial de $257 millones para volver operativo el Fopietzad. Se trata de un fideicomiso para concretar obras de infraestructura energética que eviten situaciones de riesgo de abastecimiento del sistema regional de transporte eléctrico.   Con la entrega de los fondos, que fueron incorporados en el presupuesto 2017, ya se cuenta con el aporte inicial que se irá retroalimentando con regalías hidroeléctricas, otros fondos específicos y mediante recursos extraordinarios provenientes de la explotación de los recursos no renovables, como sanciones y multas a operadores petroleros y mineros, para concretar obras como líneas de transporte eléctrico, de gas o de generación, elaboración de proyectos y para garantizar financiamientos privados para la ejecución de obras.   El primer proyecto que desde la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) tienen previsto licitar es la construcción de la Subestación de 220 kV Cruz de Piedra-ET Gran Mendoza en Maipú. Asimismo, se proyectará la línea de Alta Tensión San Rafael-General Alvear y otras obras que servirán para reforzar el sistema en todo el terrero.   “El Fopietzad es un fondo que nos va a permitir hacer infraestructura para el transporte energético. Hoy el sistema de 132 KV está colapsado y con este proyecto se va a lograr llevar energía a todos los mendocinos y entregar energía al sistema nacional, para luego cobrar regalías”, explicó el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, luego de aprobada la ley en la Legislatura.   La creación de este fideicomiso, que fue un proyecto ideado por el senador Guillermo Amstutz y modificado en conjunto con miembros del Gobierno de Mendoza, asegura que los fondos que se destinan y aquellos que se autogeneran permanezcan “encapsulados” y que el Gobierno no pueda utilizarlos para otra cosa que no sea para infraestructura de transporte y de generación eléctrica. De esta manera se asegura tener un fondo para garantizar el abastecimiento energético y evitar situaciones de riesgo o fallas en la infraestructura.

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