Cientos de empleados públicos de Santa Cruz se concentraron en las inmediaciones de la Legislatura de Río Gallegos en reclamo del pago de sueldos adeudados de noviembre, diciembre y medio aguinaldo. Los manifestantes bloquearon el edificio con quema de neumáticos y efectivos de infantería reprimieron con balas de goma.

Un marco de alta tensión sindical tuvo la última sesión del año en la Legislatura de Santa Cruz, que este viernes debatía asuntos polémicos, como la adhesión al pacto fiscal firmado por el gobierno de Alicia Kirchner con la Casa Rosada y el nombramiento de una funcionaria judicial cuestionada por los gremios, a los que se sumaron los jubilados.

La movida empezó temprano, cuando centenares de empleados públicos de la Mesa de Unidad Sindical y jubilados se concentraron en torno al palacio legislativo de Río Gallegos, reclamando el pago de sueldos adeudados de noviembre pasado y noticias del salario de diciembre y el medio aguinaldo.

La concentración bloqueó los ingresos al edificio con la quema de neumáticos y otros objetos, por lo cual los legisladores citados a las 10 no pudieron empezar a sesionar sino pasado el mediodía.

Entre tanto, la infantería de la policía provincial pugnó por descongestionar las entradas. El resultado fue la represión con balas de goma, provocando heridas a una docente identificada como María Luz Daniel, perteneciente a la Asociación de Docentes de Santa Cruz, quien debió ser internada.

 

Mientras, la agenda de la dramática sesión se iniciaba con el debate sobre la adhesión de la provincia al pacto fiscal, que implica recortes en los haberes previsionales.

Pero, además, iba a tratarse otro tema espinoso, como la designación de Reneé Fernández como vocal del Tribunal Superior de Justicia. La nombrada, allegada a la familia Kirchner, es cuestionada por los gremios de la Mesa de Unidad Sindical por haber sido secretaria de Legal y Técnica de Néstor Kirchner cuando éste era gobernador.

El caso de Fernández tuvo el no menos polémico antecedente de Marcelo Bersanelli, cuñado del diputado nacional Máximo Kirchner, quien fue designado juez en lo civil de Río Gallegos, con los votos del Frente para la Victoria. Ahora, la postulación de Fernández provocó la reacción del gremio judicial.

"Las conductas desplegadas por Reneé Guadalupe Fernández muestran abuso de autoridad y maltrato laboral e ignorancia supina del derecho", denunció Francisco Gómez, secretario general del gremio de Judiciales. "Fue apoderada del FpV, lo que demuestra su pertenencia al partido y su designación por ser funcional y no por capacidad jurídica", afirmó Gómez, quien además señaló antecedentes de mal desempeño oportunamente registrados por la autoridad judicial.

A su vez, Bernardino Zaffrani, vicepresidente del Colegio de Abogados de Río Gallegos, sostuvo "que todo esto forma parte de un blindaje judicial" para el gobierno de Alicia.

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