INTERNACIONALES  15 de agosto de 2013

Sociedad civil en Uruguay requiere "abortos seguro sin tutelajes"

Montevideo, 15 de agosto (Télam, por Celia Carbajal enviada especial).-La ley de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay es una respuesta positiva a la práctica clandestina del aborto pero "sigue tutelando la decisión de las mujeres", consideró una dirigente de la sociedad civil que participa en la Reunión de Población y Desarrollo que culmina hoy en Montevideo.

“La ley hace un complejo trayecto hasta acceder al aborto, ya que establece una entrevista con ginecólogo, psicólogo y asistente social para embarazos anteriores a 12 semanas, más cinco días de reflexión para poder acceder a la práctica“, describió en diálogo con Télam Lilián Abracinskas, directora de la organización civil Mujer y Salud en Uruguay.
   Según el Ministerio de Salud Pública, con datos disponibles del primer semestre de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 18.987 en plena vigencia desde diciembre pasado, hubo 2.550 abortos legales, un promedio de 426 por mes, “con 0 muerte materna”.
   “Sigue siendo una ley que tutela la decisión de las mujeres a través de la incidencia profesional en la intervención: de todas maneras, obviamente es una respuesta a la práctica clandestina del aborto”, evaluó Abracinskas, activista de la larga lucha por la ley.
   La dirigente enfatizó que, “claramente, si uno tiene que elegir entre hacer la práctica en el sistema de salud aunque haya que hacer ese trayecto, o hacerlo en la clandestinidad, la diferencia es notoria”.
   Pero “desde un punto de vista feminista y fuertemente social de quienes impulsamos la ley, no nos conforma, y decimos que no es un texto exportable a la región“.
   Mujer y Salud en Uruguay suscribe un texto divulgado hoy en la Reunión de Población y Desarrollo en el que unas 70 organizaciones de la sociedad civil requieren a los estados “eliminar las barreras legales y de implementación para garantizar
el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad del embarazo, libre de requisitos de tutela o consentimiento marital“.
   El documento “por acceso igualitario al aborto legal, seguro y gratuito en toda América y el Caribe” está firmado también por la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, en la que participan argentinas, y la Central Sindical Unica PIT-CNT de Uruguay, entre otros.
   Abracinskas se refirió a los vínculos entre las organizaciones de la región que, en el caso argentino, acertaron en “federalizar la campaña por el derecho al aborto legal y seguro“.
   “Con Argentina tenemos en común el hecho de que avanza la agenda social y la agenda política es reticente a canalizar esa demanda”.
   La dirigente se refiere a la iniciativa para derogar la ley impulsada por “los partidos que siempre votaron en contra, con la que logran 25.000 firmas para habilitar una consulta en junio en la que la ciudadanía, en un acto no obligatorio, tenía que plantear si adhería al referéndum derogatorio”.
   “Fueron a firmar a favor de la iniciativa derogatoria todos los precandidatos electorales, incluido Tabaré Vázquez“, del Frente Amplio, cuestionó Abracinskas.
   “Quien sale a defender la ley es el movimiento social, y como se necesitaba el 25% del electorado inscripto y sólo obtuvieron el
9%, e incluso  en los departamentos más conservadores del país no llegaron al 15%, tuvieron que reconocer la derrota”.
   Para el movimiento social que había obtenido el aborto seguro “fue un reconocimiento de una agenda que siempre estaba en cuestión de cuán ciudadana era, que siempre fue puesta como de un grupo de `feministas burguesas`, y quedó legitimado que era una agenda social sentida”, contó.
   La preocupación que persiste es que la ley “es altamente interpretable por voluntad política, así que, si hay un gobierno como el actual, que quiere impulsar los servicios de aborto seguro para implementarla, habrá posibilidades de que los servicios estén”.
   “Si mañana cambia el gobierno y hace la lectura a favor de la desestimulación a la interrupción, no hay garantías de acceso al aborto seguro en los términos legales porque, por fuera de esa reglamentación, cualquier práctica de aborto sigue siendo perseguible jurídicamente”, balanceó.
   El principal desafío “es que se implementen los servicios, que la gente los use y que haga una apropiación ciudadana ante el riesgo de retroceso por cualquiera que trate de derogar la ley, quitando un derecho consagrado”, planteó.
   Otro, es que “hay que trabajar mucho con los recursos humanos de los servicios de salud, y subsanar la tensión entre el derecho a la `objeción de conciencia` y la omisión de asistencia, porque el derecho individual del profesional no debería obstaculizar el acceso al derecho a la atención”.- (Télam).

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