La foto de la polémica proviene de Batán, localidad de General Pueyrredón. En la cárcel, según publicó en las redes sociales un juez de Garantías, un interno tiene un hueso que le sale del cuerpo y al cual, para las curaciones, solamente le dan gasas.

Cabe destacar que el año pasado hubo 295 casos de denuncias en el interior del establecimiento.

“El ‘que se pudran en la cárcel’ debe ser algo muy parecido a esto”, escribió Juan Tapia, juez del Juzgado de Garantías Nº 4, de Mar del Plata. Esas palabras fueron acompañadas por una imagen en la cual un interno, con su torso desnudo, deja al descubierto un hueso que le sale a la altura de la clavícula.

El magistrado detalló que observó eso en la recorrida nocturna a la Unidad Penal 15 el 6 de octubre. “Que te salga un hueso por la piel hace dos meses y sólo te den una venda para hacerte curaciones”, narró.

Para sintetizar, Tapia aseguró: “Las deudas de nuestra democracia”. La foto, que rápidamente se viralizó por las redes sociales, despertó la polémica en torno a los derechos de los presos.

Nada casual

Sin embargo, no es casualidad la situación que se vivió estos días en Batán, ya que, el décimo informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló que en 2015 hubo 295 denuncias de tortura en dicha cárcel. El relevamiento de la entidad, como todos los años, fue realizado en todos los penales bonaerenses.

Con 504, la Unidad Penitenciaria de Bahía Blanca fue el lugar donde se registró la mayor cantidad de hechos según los datos de la CPM. Por su parte, en Dolores se registraron el año pasado 257 causas por malos tratos y torturas en lugares de detención.

Esto implica un fuerte aumento comparado con los 94 registrados en 2013 y los 171 de 2014. De las víctimas, 187 fueron mayores mientras que 14 eran menores de edad.

Los datos relevados indican que, en toda la provincia se registraron 596 víctimas de tortura y/o malos tratos, aunque se señala en él que no representan el total de lo que denominan “el sistema de la crueldad”, por cuanto las alternativas que tienen los detenidos para denunciar estos hechos son muy pocas o están restringidas por su propia situación de detención.

Los datos relevados durante 2015 por la CPM en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad volvieron a señalar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.