El Dr. Diego Seoane, Senador mandato cumplido de la UCR Mendoza, impulsó en el año 2006, la modificación del art. 83 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, debiendo eliminarse del mismo el párrafo “El voto será secreto”. La propuesta del legislador fue enviada a archivo. Entrá a la nota y conoce el proyecto de Ley archivado.

Por Daniel Flores Flores @DanielFloresFlo Especial para ahoraMendoza

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Por estos días se ha escuchado a algunos precandidatos a gobernador opinar sobre la votación secreta que se realiza en el Senado de la provincia de Mendoza para designar a algunos funcionarios como por ejemplo: Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Camaristas, Jueces, fiscales Asesores de menores e incapaces, funcionarios del Departamento General de Irrigación, Dirección General de Escuelas, E.P.R.E., E.P.A.S., entre otros.

Pero es importante recordar que por allá en el mes de octubre del año 2006, el Dr. Diego Seoane, siendo Senador provincial por el radicalismo, presentó un proyecto de Ley que tenía por finalidad, modificar el art. 83 de la Carta Magna Provincial, donde debía eliminarse del mismo el párrafo “El voto será secreto”.

A continuación el proyecto de Ley presentado por el legislador (MC) que fue enviado al archivo por sus pares.

Expte. Nro.: 0000052338

FUNDAMENTOS

H. CAMARA:

Dada la necesidad que existe en nuestra provincia por reformar nuestra Constitución, y de tratar de construir un balance permanente entre las necesidades de estabilidad constitucional y de requerimientos de cambio, podemos decir que estamos en condiciones de analizar reflexivamente la vigencia de las instituciones previstas por la Constitución, como así también la necesidad de posibles modificaciones.

A casi un siglo de la consagración de esta constitución, y viviendo con aquellos derechos, garantías y principios que se proclamaron en 1.916, es la oportunidad de agiornar nuestra Carta Magna, a los tiempos que se viven, en pos de lograr la existencia de nuevas instituciones, derechos y actores y de tratar de contribuir con el precepto constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.

Es la implementación de este principio lo que marca la transición del Estado absolutista al Estado de derecho, pues constituye la herramienta fundamental para develar lo oculto.

El fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país nos obligan a abundar en la reflexión sobre este aspecto.

La definición mínima de democracia, (...) es un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados" (2). A partir de esta definición, diremos que el derecho es una regla de la democracia y por tanto una limitación del poder; su función es ampliar el nivel de participación de los ciudadanos.

Las trágicas historias vividas en el mundo nos enseñaron, de esa manera dolorosa en que los pueblos plasman sus experiencias históricas, que nada hay mejor que un Estado de derecho. A nuestro derecho de origen continental, hemos incorporado el derecho internacional de los derechos humanos; en nuestra región rige el sistema de normas prevalentes para la construcción de sociedades democráticas. El valor de las normas fundamentales es evidente y hoy sabemos que éstas fijan, a los legisladores, la obligación de cumplir con normas ineludibles para que los gobernantes puedan ser controlados por la sociedad.

Este criterio no es pequeño ya que la sumisión a la ley es la base del Estado de derecho. El cómo se protegen estos principios nos lleva a poner la mirada en el iluminismo y a recordar las palabras de Kant cuando decía: "Todas las acciones referentes al derecho de otros hombres cuya máxima no pueda ser publicada, son injustas"(3). En otras palabras, si quienes nos gobernamos mantenemos algo secreto no sólo crearemos un derecho injusto, sino que alertaremos sobre lo negativo del contenido de lo oculto, el que —sin duda— producirá una reacción negativa en los gobernados. De allí que la publicidad de los actos de gobierno no sólo sirve para controlar sino que es, esencialmente, una forma de control.

Tal vez sea bueno recordar que las normas del derecho no son elementos aislados construidos como meros objetos de poder, sino que responden a determinadas circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales. Lo público tiene que ver con la modernidad y su constitucionalismo. Por ello no debemos olvidar que el concepto de lo público y —en forma más concreta— de la publicidad de los actos de gobierno es una conquista sobre el autoritarismo. A fuerza de ser reiterativos, recordaremos que en el Estado contemporáneo esa tensión entre democracia y autoritarismo se corporiza en la segunda postguerra mundial al incorporar los derechos humanos como respuesta a los crímenes del fascismo y se complementa en América Latina, en la década de los ochenta, cuando se decide construir sociedades democráticas en la región.

En función de ello podemos afirmar que la democracia es una obra abierta porque es una expresión de los ideales jurídicos y políticos siempre nuevos y en desarrollo que surgen con la transformación de la sociedad, por ello la cuestión es dinámica y progresiva.

La reiteración al pensamiento de Bobbio nos lleva a recordar que: "Con redundancia se puede definir el gobierno de la democracia como el gobierno del poder ‘público’ en ‘público’. El error es sólo aparente porque ‘público’ tiene dos significados: si es contrapuesto a ‘privado’, como en la distinción clásica de ius publicum y ius privatum, que nos llega de los juristas romanos, o si es confrontada con lo ‘secreto’, por lo que no adopta el significado de perteneciente a la ‘cosa pública’ al ‘Estado’, sino de ‘manifiesto’, ‘evidente’, ‘precisamente visible’"(6).

La publicidad es la regla, el secreto es la excepción. Vuelvo a rescatar la raíz iluminista del principio ya que fue uno de los aspectos de la lucha para derrotar al reino de las tinieblas. La discusión se plantea, recuerda nuevamente a Kant en su ensayo sobre el iluminismo, al decir: "El uso público de la propia razón debe ser libre en cualquier tiempo; solamente esto puede realizar el iluminismo entre los hombres"(7).

Insisto, la publicidad de los actos de los gobernantes es el paso —en el Estado moderno— del Estado absolutista al Estado de derecho, porque es el anticuerpo que mediante el conocimiento y la crítica pública permite develar lo oculto. Una parte de la doctrina define así al absolutismo: "En una segunda acepción, el poder es absoluto cuando no está disciplinado y limitado por el derecho. En este sentido el Estado absoluto es el Estado no constitucional, es decir, un Estado legibus solutus, sin límites derivados de la ley, en que los poderosos del poder no se ven constreñidos por los frenos y las limitaciones constitucionales, o se han liberado de ellos"(9).

Aquí se ha desarrollado con cierta intensidad el concepto de lo público. Recordemos que su opuesto apropiado es lo oculto. En este juego de ideas y palabras rescataremos el valor de la semántica, por aquello de que, son las palabras las que sugieren y moldean el pensamiento. Para nuestra lengua, confidencial viene de confidencia y ésta es: "Revelación secreta, noticia reservada"(10). Al mismo tiempo, define lo secreto como: "Lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto” 3. y otras cosas.

No niego al Estado el derecho de establecer, excepcionalmente, el secreto de algún acto, norma, hecho u otra circunstancia, pero para que esa excepción sea válida debe estar acompañada de fundamentos racionales y límites temporales.

Hace ya largo tiempo abandonamos la res privata, también que construimos nuestras normas de convivencia en antagonismo con lo oculto, que integramos la racionalidad, que incorporamos el Estado de derecho y los derechos humanos.

En nuestro país, la construcción de la sociedad democrática no ha resultado sencilla, años de oscurantismo militar nos han llevado a un grave atraso en el conocimiento. Por ello, recordar la esencia de la sociedad democrática y del Estado de derecho se convierte en un imperativo categórico; el recuerdo construye la memoria y afianza nuestras instituciones.

Es por lo expuesto, que el presente proyecto de ley, tiene por finalidad, modificar el art. 83 de nuestra Carta Magna Provincial.

Dentro de las potestades que ostenta este Honorable Senado, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de nuestra Constitución Provincial, observamos la facultad de prestar o no acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que por la propia Constitución o por leyes deban hacerse con dicho requisito.

El citado artículo agrega también como características de esta votación que el mismo será secreto.

En tal sentido, los nombramientos por los cuales debe prestar acuerdo esta Honorable Cámara, de acuerdo al texto mencionado, están previstos por nuestra Constitución o por leyes especiales. Algunos de ellos son: Miembros del Poder Judicial en todas sus instancias (Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Camaristas, Jueces, fiscales Asesores de menores e incapaces, etc.) Funcionarios del Departamento General de Irrigación, Dirección General de Escuelas, E.P.R.E., E.P.A.S., etc.

Como ya se expresó, cada uno de estos nombramientos, deben contar con el acuerdo del Senado, pero creo pertinente y oportuno, detenerse y realizar una profunda reflexión respecto de la forma en que se materializan o no los citados nombramientos, que es a través nada más y nada menos que del voto secreto de cada uno de los integrantes de esta Honorable Cámara.

El Legislador, al expresar su intención con su voto secreto, deja un vacío que no permite no sólo a la ciudadanía, sino al propuesto, conocer quiénes votaron en tal o cual sentido y cuál ha sido la motivación o fundamentos de su expresión de voluntad negativa o positiva.

La idea que motiva este proyecto, es hacer más nítida y cristalina aún la votación de los Sres. Senadores, dándole transparencia completa a todos los actos y resoluciones del Cuerpo Legislativo, imperativo que lo hemos venido planteando desde hace ya muchos años, y que además estaría en absoluta concordancia con el precepto constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.

Un modo adecuado de mostrar cómo los senadores votan los acuerdos a propuesta del Poder Ejecutivo, y de permitir que los ciudadanos accedan a esa información y puedan escrutar las conductas de los legisladores y hacer políticamente responsables a estos últimos, es registrar individualmente el voto de cada legislador y que el mismo sea público.

Por estos breves fundamentos y los que expondré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito al Honorable Cuerpo, de sanción favorable al presente Proyecto de Ley:

                                                                                              DR. DIEGO SEOANE

                                                                                            SENADOR PROVINCIAL

 2.- Bobbio, Norberto; Sección de obras públicas de derecho. El futuro de la democracia; Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, p. 9.

3.- Sartori, Giovani; Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo; Alianza Universidad, Mardrid, 1995, p. 259.

6.- Ibid 1; p. 65.

7.- Kant, Immanuel; Respuesta a la pregunta: ¿Qué es el iluminismo?; Turín, 1956, p. 148.

9.- Sartori, Giovanni; Teoría de la democracia 1. El debate contemporáneo; Alianza Universidad, 1995, p. 239.

10.- Real Academia Española; Diccionario de la Lengua Española; vigésima primera edición, editorial Espasa Calpe, Madrid, 1992.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1 - Declárese la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Mendoza con los alcances que establece la presente Ley.

Art. 2 - La Convención Constituyente designada al efecto, modificará el art. 83, debiendo eliminarse del mismo el párrafo “El voto será secreto”, quedando redactado de la siguiente forma:

Artículo 83 – Corresponde al Senado prestar o negar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que por esta Constitución o por la Ley deban hacerse con este requisito.

El acuerdo se considerará prestado si el Senado no se pronuncia sobre la propuesta del Poder Ejecutivo dentro del término de treinta días a contar desde aquel en que el mensaje entró en Secretaría y estando la Cámara en funciones. En caso de ser rechazado un candidato, el Poder Ejecutivo no podrá insistir en él durante dos años, y deberá proponer el nuevo candidato dentro de los treinta días siguientes. En todos los casos, la propuesta deberá tener entrada en sesión pública y ser tratada con dos días de intervalo por lo menos.

Art. 3 - De forma.-

 

                                                                                                 DR. DIEGO SEOANE

                                                                                             SENADOR PROVINCIAL

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